La Reforma a las pensiones explicada con manzanitas

Actualmente los trabajadores dependientes (con contrato de trabajo, ya sea a plazo o indefinido) están obligados a ahorrar un 10% de sus ingresos mensuales. Estos dineros son administrados por una AFP, quienes lo invierten en activos financieros para generar rentabilidad en el tiempo. Para ello las personas pueden escoger entre el fondo A, B, C, D y E, (Multifondos)para así poder elegir en qué tipos de activos, según grados de riesgo, desean que se inviertan sus ahorros.

Reforma de pensiones

La Superintendencia de Pensiones (SAFP) reporta que en febrero de 2017 se pagaron 559.358 pensiones de vejez de un promedio de $217.456 pesos, considerando Aporte Previsional Solidario (APS).(Sistema de Pensiones Solidarias)  Sin embargo, quienes ahorraron entre 25 y 30 años en una AFP recibieron pensiones promedio de $312.925 pesos, mientras que la cuantía se eleva a $437.034 pesos para quienes cotizaron entre 30 y 35 años. Finalmente, quienes acumularon ahorros entre 35 y 40 años obtuvieron pensiones promedio de $621.871 pesos.

Estas estadísticas presentan evidencia de que quienes ahorraron gran parte de su vida laboral obtienen mayores pensiones que quienes lo hicieron de forma más intermitente. Lamentablemente, sólo el 30% de los pensionados ahorraron durante 25 años o más. El 70% restante de los beneficiarios obtuvo pensiones promedio de $168.738 pesos.

La Reforma

Ante dicho panorama el Gobierno anunció el envío de un proyecto de ley que introduce reformas al sistema de pensiones. En concreto, la iniciativa plantea obligar a que los trabajadores ahorren un 5% más de sus ingresos, para así elevar el monto de las pensiones. Sin embargo, a diferencia del actual 10% de cotización obligatoria, estos ahorros adicionales serán administrados por el Estado.

A la espera del proyecto de ley, a través de cadena nacional la Presidenta Bachelet entregó directrices generales de las intenciones del Ejecutivo. Un 3% de los ingresos de los trabajadores enterarán una cuenta individual de ahorro (Tipos de cuentas) heredable y administrada por una entidad estatal “pública y autónoma”. A priori, esto emularía lo que hacen las AFP, dado que los ahorros que administran estas entidades también se enteran en una cuenta individual de propiedad de cada trabajador. En tanto, un 2% de los ingresos de los trabajadores acumularán un Seguro de Ahorro Colectivo, aparentemente un pozo común de dinero que beneficiará a los pensionados que se jubilen con bajos montos. Así, es presumible que este 2% entere una cuenta de reparto.

Para ilustrar los cambios que introduciría la reforma, analicemos un ejemplo. Para efectos simples, obviaremos el pago de comisiones por administración, tanto para AFP como el Estado. Suponga que José, trabajador dependiente, percibe un salario bruto de $100.000 pesos mes a mes. Actualmente, $10.000 pesos (10%) de ese salario se enteran en su cuenta individual de AFP para ser invertidos en el fondo de su elección: A, B, C, D o E. Si la reforma del Ejecutivo prospera, ahora José deberá enterar $5.000 pesos adicionales a ahorros de cara a la vejez. $3.000 pesos se irán a una cuenta individual administrada por el Estado, mientras que $2.000 pesos se irán a un pozo acumulado de reparto. De los $15.000 pesos mensuales de ahorro obligatorio, José mantiene la propiedad de $13.000 pesos, pues los $2.000 pesos restantes los traspasará a una cuenta colectiva que beneficiará a quienes logren cosechar bajas jubilaciones.

Reflexiones

Las estadísticas sugieren que una gran parte de la población se está jubilando con bajas pensiones. Al respecto, la evidencia nos invita a pensar que la razón fundamental radica en la magnitud del ahorro mensual y la constancia en el tiempo. Al respecto, el proyecto de ley apunta en la dirección correcta, toda vez que obliga a los trabajadores a ahorrar un 50% más que lo actual (de cotizar 10% de los ingresos se cotizará un 15%).

Lamentablemente, la reforma no se hace cargo de la periodicidad del ahorro. Si bien hoy es obligación cotizar, aun así un 70% de los trabajadores ahorran durante menos de 25 años. ¿Por qué? He aquí dos hipótesis.

  1. La ley sólo obliga a cotizar a los trabajadores dependientes, ya sea que gocen de contrato indefinido o a plazo. Sin embargo, la ley no obliga a quienes trabajan a honorarios o independientes.
  2. Las personas dejan de cotizar cuando dejan de trabajar, ya sea por voluntad o cesantía. Ejemplos de ello son los hombres y mujeres que sustituyen trabajo por labores de casa, o desempleados esporádicos o permanentes.

El primer punto es de vital importancia, toda vez que establece obligaciones laborales a sólo un grupo de trabajadores y empresas. Si bien desde 2018 las personas deberán enterar en AFP las devoluciones de impuestos a las que puedan acceder por concepto de rentas y honorarios,(SII cotizacion_previsional) la legislación podría ser menos permisiva y obligar a que todos ahorren un 10% de sus rentas y honorarios, independiente de la existencia de dependencia ante un empleador. De esta manera, no sólo se promovería mayor magnitud de ahorro, sino también periodicidad, lo que a la luz de las cifras resulta igual o más importante.

Por otro lado, la reforma obliga a que las personas coticen un 3% de sus ingresos en un ente estatal. ¿Por qué las personas no pueden elegir quien administrará estos ahorros? Ello lo puede realizar el Estado, las AFP o, inclusive, administradores generales de fondos. (Ver: Por qué sólo las AFP?) Si lo importante es que las personas estén obligadas a ahorrar, no se explica por qué el Estado busca obligar a que sólo ellos administren estos recursos adicionales.

Finalmente, el Ejecutivo impone que un 2% de los ingresos enteren una cuenta colectiva de ahorro, también de administración estatal. Aquello, en la práctica, es un impuesto regresivo, toda vez que se cobra un 2% parejo a todos los trabajadores, independiente de sus ingresos. En ese sentido, afecta más a quienes perciben menos. Así, perfectamente se podría concebir este 2% como un aumento del IVA. Al respecto, la legislación podría promover que este 2% sólo sea pagado por quienes sufrirán menores impactos de bienestar que otros.

En síntesis, sin duda que Chile debe avanzar hacia un sistema con mejores resultados. Sin embargo, si bien muchos caminos puedan llevar a Roma, lo ideal es elegir el mejor.

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